Decisiones políticas educativas justas

En la última clase estuvimos trabajando con un recorte del texto “Educar: ese acto político” llamado “Las lógicas de las decisiones políticas en la educación” (Almandoz). Debatiendo un poco lo leído, entendimos que las decisiones políticas están sustentadas en ciertas lógicas. Según desde qué lógicas nos paramos a analizar estas decisiones, las mismas nos parecerán válidas o no. Por un lado, hablamos de la “Lógica de la Eficiencia”, la cual está basada en una racionalidad instrumental, buscando optimizar los recursos disponibles de forma tal que se orienten al éxito, con una muy buena capacidad de adaptarse al entorno. Por otro lado, reconocemos la “Lógica de la Justicia o de la Ética”, que está basada, en cambio, en la justicia y en cierta racionalidad normativa. Esta lógica tiene una buena capacidad del habla argumentativa para llegar a acuerdos y está orientada a la comprensión y el entendimiento. Es importante aclarar que la justicia de esta lógica está basada en un criterio de justicia que debe ser para la esfera pública, no en lo individual, es decir, toma como justo aquello que fue acordado por la comunidad.

Si bien estas dos lógicas son irreconciliables como sustento de políticas públicas, ya que una busca la optimización y la otra la garantía de derechos, partiendo primero desde una lógica de justicia, luego se podría tratar de buscar cierta eficiencia.

El punto más importante del análisis de este texto está dado en el momento en que podemos reconocer las políticas educativas como parte de las políticas públicas resultantes de decisiones que se toman con cierta lógica. La racionalidad económica ocupa hegemónicamente el discurso y la práctica política. Si a esto le sumamos el hecho de que se considera que la crisis educativa es una crisis de eficiencia, eficacia y productividad, es lógico que se lleve la educación desde lo público a la “esfera del mercado”. De esta forma, las políticas educativas adoptan la lógica del sistema económico, una lógica claramente de eficiencia, impregnada de racionalidad instrumental, que genera que la toma de decisiones políticas educativas se relacione muy poco con la posibilidad de abordar los orígenes de la desigualdad y la injusticia. Pero si logramos reconocer que la educación pertenece al ámbito de las políticas públicas, si entendemos que es una instancia “ético-política” ya que distribuye un bien social especifico que tiene su propia lógica, ya no podemos ser funcionales a la lógica que se suele utilizar para tomar decisiones respecto a la educación.

En la clase trabajamos con dos fragmentos de dos notas del diario Página 12. En uno de ellos se habla sobre el desafortunado comentario de la gobernadora Vidal respecto a las universidades públicas: se preguntó si era justo “llenar la provincia de universidades públicas cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”. Esto es un claro ejemplo de la optimización de recursos propia de la lógica de la eficiencia. Desde ese razonamiento, no parece “ilógico” el pensamiento de la gobernadora: si lxs pobres, en su gran mayoría, no llegan a la universidad, incluso algunxs no llegan a terminar la escuela, ¿qué sentido tiene abrir universidades públicas? Pero si logramos no ser funcionales a esa lógica que el sistema propone, rápidamente el comentario nos hace ruido. Es que la solución no es dejar de abrir universidades públicas porque sería un gasto injustificado, sino que se debería ayudar a quienes tienen dificultades para realizar sus estudios superiores y a su vez garantizarle espacios para que puedan realizarlos.

El lugar para definir qué es lo justo y lo injusto es el terreno público. El espacio público es el terreno en el cual cada persona puede expresar, de forma libre, las diferencias que tiene con la otra persona. La idea es intentar llegar a un acuerdo para que ambas partes resulten beneficiadas. Pero, ¿cómo se llega a un acuerdo si una parte se cierra en sus ideas y no observa la situación desde otra perspectiva? Si a una parte solo le interesa lo cualitativo, optimizar los recursos, hacer lo mismo que propone la/el otrx pero con menos costo (sin darle importancia a los derechos de todxs ni a la justicia), es difícil llegar a un acuerdo. En un gobierno neoliberal como el actual, nos hacen pensar y vivir en esta lógica, haciéndonos creer que ellxs tienen el poder y nos gobiernan de la forma más justa posible. ¿Para qué necesitamos un jardín en donde solo asistan siete niñxs? ¿O una escuela primaria donde solo vayan ocho alumnxs? No hay ganancia ahí. No hay eficacia teniendo todo un establecimiento, toda una estructura que mantener limpia, darles agua, luz, calefacción, pagarle a lxs docentes y maestrxs por solo siete u ocho personas. Ese es el pensamiento de la gobernadora, esa es la lógica con la que analiza esta situación. Es fácil ver que no les interesan los derechos de las personas, si una persona es pobre, no va a llegar a la universidad… ¿Y qué hay con su derecho a estudiar? No importa su situación económica, su religión o su color de piel, es un derecho que se tiene que cumplir.

En el 2017 lanzaron un plan que se basaba en evaluar a lxs futurxs docentes en ciertos aspectos que se supone que deben cumplir. Aquellas personas que desaprobaban la evaluación podían ser consideradas como “inferiores” a lo estipulado. Ahora bien, si yo quiero que la educación crezca y sea más eficaz, necesito a lxs mejores docentes, a los que tengan más capacidad de comprensión, a aquellxs que aprobaron con éxito dicha evaluación. ¿Y qué sucedería con las otras personas que no entran en ese campo? ¿Qué se hace con ellas? Las dejamos de lado, no sirven para enseñar. No las necesitamos…

Sabemos que hoy por hoy, cuando hablamos de educación, nos encontramos con muchísimas injusticias: dificultad de acceso, complicaciones en la continuidad, deserción, desinterés, malas condiciones, entre otras. Si todo esto se vincula a un problema de eficacia, pensar en una solución económicamente rentable siempre parece una salida fácil y sumamente lógica. Pero, cuando analizamos en profundidad esas problemáticas, vemos que son productos de diferenciaciones sociales, pobreza, exclusión y marginalidad. Estas cuestiones no se solucionan con una simple movida de hilos, fría y calculadora. Es necesario vincularse con quienes transitan estas situaciones desde un lugar mucho más humano, para que las decisiones políticas que se tomen tengan también ese foco de humanidad y sean, como decíamos, justas. Como futuros docentes, tenemos que empezar a cambiar esta mirada basada en una lógica de la eficacia. No solo nosotrxs, sino también aquellxs que piensan basándose en esta lógica. Tenemos que darle más importancia a respetar los derechos que cada unx tiene, a que todxs somos iguales y que todxs merecemos tener las mismas posibilidades.

Pero ¿cuál es la solución ante el sustento que esta lógica de la eficiencia provee a las decisiones políticas? La autora propone que la función principal de la política sea construir una nueva racionalidad de lo público, separándola de la lógica del mercado, recuperando la ética y poniendo énfasis en los criterios de justicia e igualdad en contraposición de los criterios de eficacia y ajuste. De esta manera, si nos enfocamos en un criterio de justicia para la comunidad, basándonos en la comprensión del otro, lograremos una toma de decisiones políticas orientadas a los intereses de la sociedad, más allá de la burbuja económica en la que estemos inmersxs. Como dice la autora al final del capítulo, “si un mundo más justo es posible, solo se podrá edificar a través de la política, no de espaldas a ella”. Es importante reconocer en la política la herramienta para conseguir el bien común, pero necesitamos que las decisiones sobre políticas públicas sean tomadas con un criterio de justicia y conciencia social que nos beneficie como pueblo.